
Foto: GABRIEL CARDONA
La desigualdad y las corruptelas en organismos públicos destacan como barreras a superar en la búsqueda de un bienestar colectivo.
La vida en común en México se ha debatido entre los deseos de mejora y los límites impuestos por continuas carencias, causando dolor y sufrimiento cotidiano en la mayoría de la ciudadanía. Estas limitaciones, omnipresentes, afectan tanto a nivel colectivo como individual, mostrando una fuerza destructiva que mina las ilusiones y las necesidades básicas.
Esta situación afecta a casi todas las capas sociales, aunque es más pronunciada en los sectores menos favorecidos. La pobreza extrema se traduce en un estado de postración y ausencia de salvoconductos benéficos. Proponer medidas que permitan agrandar las zonas sin carencias es esencial, especialmente cuando se promete un modelo de bienestar colectivo e igualdad.
Recientemente, se ha informado sobre despojos masivos de recursos públicos debido a decisiones corruptas de funcionarios, con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) como uno de los ejemplos más notorios. Proyectos mal concebidos han dejado miles de casas deshabitadas y sepultado cientos de miles de millones de capital colectivo, perjudicando la satisfacción de urgentes prioridades de vivienda.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado un ambicioso programa constructivo de un millón de casas. Este programa debe ser respaldado por los soportes necesarios para su implementación efectiva y una reforma fiscal que permita una hacienda pública robusta, capaz de reducir la disparidad entre individuos y regiones.
Es esencial que los responsables de los usos fraudulentos del Infonavit, ya sean funcionarios, delegados sindicales o patronales, sean examinados y apartados de la administración del instituto. La justicia distributiva demanda que no haya contemplaciones con las decisiones irresponsables que han afectado a los trabajadores.
Además, es necesario abordar la enorme disparidad económica con programas sociales legítimos y superar el miedo a la reacción del gran capital. Esto requiere un contacto permanente y estratégico con figuras clave del sector para avanzar hacia una justicia distributiva que promueva una vida digna para todos los mexicanos.